Para la historia
Escrito por: Julio Martínez Pozo (eltribunaldelatarde@yahoo.com)
Los más de 500 periodistas y comunicadores que suscribimos un documento en el que fijamos posición frente a las aseveraciones de otros colegas que han considerado amenazadas las libertades de expresión e información, nos ha aunado el deber de hacer constar para la historia que en ninguna de la etapas que ha vivido la nación dominicana han primado mayores garantías para el ejercicio de todo el ramillete de las libertades públicas.
Sostenemos que "en el momento actual, las libertades de expresión e información se han ensanchado fruto del pluralismo que ha alcanzado la democracia y la madurez del liderazgo político y de opinión pública, lo cual le ha permitido a la clase periodística un ejercicio libre y sin cortapisas".
Que "es una realidad palpable en la amplitud y diversidad del debate y de la cantidad de medios de comunicación existentes, al punto de que somos fieles testigos de que la prensa se ha convertido en el control más eficaz de las instituciones políticas".
Decimos que "esta realidad ha sido más tangible a partir de la proclamación de la Constitución de la República del 26 de enero del año 2010...".
Ninguno de los que firmamos esa declaración apoyamos que los anunciantes sean intimados a consecuencia de las opiniones vertidas en espacios en los que coloquen su publicidad.
Respetamos el derecho que tiene una persona que se sienta difamada o injuriada a recurrir a los medios que le provee la ley sobre la materia para procurar el resarcimiento de cualquier daño moral, pero entendemos que la mejor vía que tiene un funcionario público para dejar esclarecido cualquier cuestionamiento, es el ejercicio del derecho a réplica en los espacios donde éste se respete.
Sabemos y nos alegra, que en todo lo atinente a cuestionamientos a funcionarios públicos, el rol social de la denuncia se privilegia aún sobre la veracidad de los hechos.
A los que se pronunciaron advirtiendo la supuesta amenaza al ejercicio no hay que ilustrarlos sobre lo que es un clima de represión, porque en una etapa felizmente superada, ellos padecieron en carne propia lo que eso representa, pero es importante que tengamos pendiente hechos más recientes, como los padecidos en el período 2000-2004, en el que el país involucionó en el ámbito de las libertades públicas.
En esa etapa se verificaron hechos tan ridículos como el apresamiento en el desarrollo de un programa de radio de un productor arrocero que emitía críticas contra el gobierno, o el de los conductores de un programa de radio en el que el Diablo experimentó menor impopularidad que la del presidente de turno, o un campesino de Las Matas de Farfán al que el presidente ordenó que el jefe de la Policía Nacional hiciera preso, porque denunció que se había inaugurado un acueducto que no suplía agua.
Quien suscribe fue detenido en varias oportunidades y conducido a distintos organismos se seguridad, sin expediente ni orden motivada de una autoridad competente, sencillamente en labor intimidatoria.
Cosas como esas no le han ocurrido a ningún comunicador en las administraciones del presidente Fernández, por más duras que hayan sido las críticas se le hayan formulado al mandatario.
Sostenemos que "en el momento actual, las libertades de expresión e información se han ensanchado fruto del pluralismo que ha alcanzado la democracia y la madurez del liderazgo político y de opinión pública, lo cual le ha permitido a la clase periodística un ejercicio libre y sin cortapisas".
Que "es una realidad palpable en la amplitud y diversidad del debate y de la cantidad de medios de comunicación existentes, al punto de que somos fieles testigos de que la prensa se ha convertido en el control más eficaz de las instituciones políticas".
Decimos que "esta realidad ha sido más tangible a partir de la proclamación de la Constitución de la República del 26 de enero del año 2010...".
Ninguno de los que firmamos esa declaración apoyamos que los anunciantes sean intimados a consecuencia de las opiniones vertidas en espacios en los que coloquen su publicidad.
Respetamos el derecho que tiene una persona que se sienta difamada o injuriada a recurrir a los medios que le provee la ley sobre la materia para procurar el resarcimiento de cualquier daño moral, pero entendemos que la mejor vía que tiene un funcionario público para dejar esclarecido cualquier cuestionamiento, es el ejercicio del derecho a réplica en los espacios donde éste se respete.
Sabemos y nos alegra, que en todo lo atinente a cuestionamientos a funcionarios públicos, el rol social de la denuncia se privilegia aún sobre la veracidad de los hechos.
A los que se pronunciaron advirtiendo la supuesta amenaza al ejercicio no hay que ilustrarlos sobre lo que es un clima de represión, porque en una etapa felizmente superada, ellos padecieron en carne propia lo que eso representa, pero es importante que tengamos pendiente hechos más recientes, como los padecidos en el período 2000-2004, en el que el país involucionó en el ámbito de las libertades públicas.
En esa etapa se verificaron hechos tan ridículos como el apresamiento en el desarrollo de un programa de radio de un productor arrocero que emitía críticas contra el gobierno, o el de los conductores de un programa de radio en el que el Diablo experimentó menor impopularidad que la del presidente de turno, o un campesino de Las Matas de Farfán al que el presidente ordenó que el jefe de la Policía Nacional hiciera preso, porque denunció que se había inaugurado un acueducto que no suplía agua.
Quien suscribe fue detenido en varias oportunidades y conducido a distintos organismos se seguridad, sin expediente ni orden motivada de una autoridad competente, sencillamente en labor intimidatoria.
Cosas como esas no le han ocurrido a ningún comunicador en las administraciones del presidente Fernández, por más duras que hayan sido las críticas se le hayan formulado al mandatario.
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