Fiscal Winter Ali Rodriguez embarrado con denuncia en contra de la Dican
Los que se sacaron la lotería en la Dican
Listin Diario / El solo hecho de que a un raso policial de la Dican le tocasen 3 millones de pesos en el reparto por la venta de drogas, da una idea de cuán abundantes eran los recursos que se manejaban en ese insólito "cartel policiaco-judicial" del narco.
A otros subalternos les tocaron sumas iguales o superiores, que daban incluso para comprar apartamentos, yipetas y otra suerte de bienes de lujo, inconcebibles en ellos a la luz de sus salarios regulares, que apenas dan para sobrevivir malamente en este país.
Si escandaloso es este dato, más lo es el que ha ofrecido a través de las redes sociales una mujer de Hato Mayor que denuncia con rangos y apellidos a oficiales, subalternos y funcionarios judiciales de distintas instituciones que supuestamente cobran "peaje" para dejar funcionar los puntos de drogas en esa ciudad.
Mensualmente se embolsillan, dice la denuncia, medio millón de pesos por este concepto.
Semejantes denuncias llegan a los medios de comunicación no solo desde los distintos barrios de la capital, sino de otras ciudades donde hay fuerte presencia de estos llamados "puntos de drogas" que abastecen a los consumidores, lo que podría indicar que el acto pecaminoso de pactar con los narcotraficantes estaría bastante generalizado, causando fuerte contaminación en los estamentos encargados de combatir este flagelo.
Como muchas de estas denuncias vienen acompañadas de las quejas de que a varios jóvenes se les atribuían drogas que no poseían para ficharlos como consumidores o traficantes, no hay que descartar la posibilidad de que luego de los descubrimientos de las operaciones de los miembros de la Dican algunos afectados pidan revisión de sus casos en la justicia.
Pero aun si no lo hiciesen, queda en la sociedad el amargo sabor de sentirse burlada y avergonzada por los hechos delictivos y deshonestos que se le atribuyen a oficiales y subalternos y a dos fiscales, y que ponen bajo cuestionamiento los expedientes que se registraron sencillamente por maldad o por venganza.
Entre tanto, y mientras se desarrolla el proceso judicial a los implicados en el escándalo de la Dican, es menester que la Procuraduría General de la República abra una investigacion seria y profunda de las denuncias formuladas por una exsuplidora de drogas de Hato Mayor, junto a su marido, y que se ha difundido con alta audiencia por las redes sociales... para que nadie alegue ignorancia.
A otros subalternos les tocaron sumas iguales o superiores, que daban incluso para comprar apartamentos, yipetas y otra suerte de bienes de lujo, inconcebibles en ellos a la luz de sus salarios regulares, que apenas dan para sobrevivir malamente en este país.
Si escandaloso es este dato, más lo es el que ha ofrecido a través de las redes sociales una mujer de Hato Mayor que denuncia con rangos y apellidos a oficiales, subalternos y funcionarios judiciales de distintas instituciones que supuestamente cobran "peaje" para dejar funcionar los puntos de drogas en esa ciudad.
Mensualmente se embolsillan, dice la denuncia, medio millón de pesos por este concepto.
Semejantes denuncias llegan a los medios de comunicación no solo desde los distintos barrios de la capital, sino de otras ciudades donde hay fuerte presencia de estos llamados "puntos de drogas" que abastecen a los consumidores, lo que podría indicar que el acto pecaminoso de pactar con los narcotraficantes estaría bastante generalizado, causando fuerte contaminación en los estamentos encargados de combatir este flagelo.
Como muchas de estas denuncias vienen acompañadas de las quejas de que a varios jóvenes se les atribuían drogas que no poseían para ficharlos como consumidores o traficantes, no hay que descartar la posibilidad de que luego de los descubrimientos de las operaciones de los miembros de la Dican algunos afectados pidan revisión de sus casos en la justicia.
Pero aun si no lo hiciesen, queda en la sociedad el amargo sabor de sentirse burlada y avergonzada por los hechos delictivos y deshonestos que se le atribuyen a oficiales y subalternos y a dos fiscales, y que ponen bajo cuestionamiento los expedientes que se registraron sencillamente por maldad o por venganza.
Entre tanto, y mientras se desarrolla el proceso judicial a los implicados en el escándalo de la Dican, es menester que la Procuraduría General de la República abra una investigacion seria y profunda de las denuncias formuladas por una exsuplidora de drogas de Hato Mayor, junto a su marido, y que se ha difundido con alta audiencia por las redes sociales... para que nadie alegue ignorancia.
Comentarios