Director de Conare plantea necesidad de que ética complemente la política para preservar bien común

SANTO DOMINGO.-El director ejecutivo del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE)  planteó la necesidad de que la política tenga un componente de ética para que estimule la preservación del bien común y ayude a mantener la civilidad entre los ciudadanos.

 

El doctor Marcos Villamán formuló esta consideración al pronunciar las palabras de apertura del panel sobre "Transparencia y Libre Acceso a la Información Pública" que organizó el Conare el martes 27 de abril, en el Pabellón de Música de La Feria Internacional del Libro.

 

En la actividad participaron como panelistas el doctor Eric Hazim, director general de Compras y Contrataciones Públicas; Patricia Minaya, directora de la Unidad de Planificación y Seguimiento del Conare, y Hotoniel Bonilla, director nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA)

 

Villamán afirmó que la ética es parte de un Estado que se moderniza, que se reforma y que contribuye a que la sociedad sea más democrática, haya mayor intercambio social y mayor transparencia en el accionar de la administración pública.

 

Precisó que la ética se vincula a la transparencia de modo que esta se convierta en una práctica cotidiana.

 

Sostuvo que de ahí es que el gobierno del presidente Leonel Fernández haya propiciado e impulsado la creación de una serie de leyes tendientes a transparentar la administración pública.

 

Entre esas leyes citó la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, la Ley de Acceso a la Información Pública y la Declaración Jurada de Bienes.

 

En tanto que Patricia Minaya, al tocar el tema del Libre Acceso a la Información Pública, dijo que tras la aprobación de esta Ley 200-04 se han instalado más de 95 Oficinas de Acceso a la Información (OAIs) en igual cantidad de instituciones gubernamentales, se ha cumplido con un proceso de sensibilización de servidores públicos.

 

También, que se ha capacitado el personal que labora en las OAIs, se conformó la Red de Acceso a la Información, se ha generado una masa crítica al interior de la función pública, se moviliza la opinión pública en torno al derecho de acceso a la información y se inició ese mismo proceso a nivel de los ayuntamientos.

 

Asimismo, dijo que hace falta mayor divulgación del derecho a la información pública, mejorar los registros de información y los archivos públicos, clasificar las informaciones, proteger los datos personales en posesión de particulares, así como un instrumento que garantice y supervise la debida aplicación de ese derecho y que proteja al usuario.

 

Minaya aseguró que el acceso a la información promueve la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, la exigibilidad de los derechos ciudadanos, entre otros valores.

 

Hotonielle Bonilla, director del DPCA, explicó los beneficios del proyecto que modificará  la Ley de Declaración Jurada de Bienes, entre los que citó la ampliación del número de funcionarios que deberán declarar sus bienes al asumir sus funciones.

 

Informó que en la nueva ley se establecerán sanciones y condenas contra sus infractores, entre las que citó la retención de sus salarios, el pago de sanciones como de cinco a diez veces al salario que perciban, tendrán que pagar una multa del doble del monto del que se le acusa sustraer o malversar.

 

Sostuvo que de ser aprobada, la nueva ley obliga al funcionario a demostrar que el origen de sus bienes es lícito, de manera que castiga el incremento patrimonial injustificado.

 

Expresó que esta ley será una herramienta eficaz para perseguir y sancionar la corrupción administrativa.

 

Mientras que el doctor Eric Hazim, director de Compras y Contrataciones Públicas, hizo un recuento histórico y legal del origen y surgimiento de esa entidad.

 

Afirmó que se creó un portal institucional www.comprasdominicanas.gov.do,  mediante el cual se monitorean las instituciones gubernamentales para que cumplan las disposiciones legales de convocatoria a concursos, licitaciones y otros requisitos.

 

Dijo que la ley de acceso a la información pública y la ley de compras y contrataciones forman parte de la unicidad del departamento que dirige para la transparencia de esas operaciones.

 

Agregó que la ley de compras y contrataciones faculta a su departamento a suspender o anular cualquier proceso de  compra o contratación de las instituciones del gobierno en caso de inobservancia de parte del proceso o de los plazos que indica la ley.

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